El Gobierno, aprobó ayer lunes el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Formación Profesional para el empleo.
Tanto los empresarios como los sindicatos están molestos, porque dicen que no se les ha avisado y porque el Gobierno a hecho el decreto de forma unilateral.
En realidad, lo que pretenden los «agentes sociales» es seguir manejando las subvenciones, como lo han hecho durante muchos años atrás.
Vamos a lo importante… que se dice en ese Real Decreto:
- Regula el nuevo cheque formación para desempleados
- Impulsa una formación profesional para el empleo que mejore la empleabilidad de los desempleados y las capacidades de los trabajadores.
- Mayor control y transparencia en las subvenciones.
El ámbito de aplicación será en todo el territorio nacional.
Las principales medidas adoptadas por la Ley para la mejora y eficacia del Sistema son:
- La gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas Administraciones Públicas se abre a la concurrencia competitiva de todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos.
- Se elimina la posibilidad de subcontratación, salvo para la contratación del personal docente.
- Las acciones formativas podrán financiarse a partir del momento de su concesión o adjudicación.
- Se limita el pago anticipado con un límite máximo que no podrá superar el 25 por 100 del importe concedido. Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un 35 por 100 adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa y, como mínimo, un 40 por 100 del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.
- Se apuesta por la evaluación permanente.
- Se incrementan los recursos para luchar contra el fraude, como el nuevo sistema integrado de información, o con la nueva unidad especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de formación profesional para el empleo.
- Se refuerza el régimen sancionador. Entre otras medidas se contempla como sanción accesoria la exclusión del acceso a ayudas, subvenciones por un período máximo de cinco años (en vez de dos) en algunas infracciones muy graves.
- Se fijan los módulos económicos máximos.
- Los costes indirectos no podrán superar el 10 por 100 del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
