Las deficiencias de formación, especialmente para parados, se han acentuado con la crisis. Solo un 13% de los desempleados asegura participar en algún tipo de acción formativa, según la última encuesta de población activa. Se trata, junto con el dato registrado a mediados del año pasado, de la peor cifra desde 2005. Con el sistema actual, solo una rebaja en el número de parados -ahora, casi 4,6 millones- permitiría mitigarla.
La ineficacia del modelo formativo impulsa al Gobierno a intentar revertir esos datos. Un enunciado tan olvidado y carente de atractivo como las políticas activas de empleo se ha convertido en el principal reto laboral de los próximos dos meses.
España destina una buena cantidad de recursos (7.300 millones de euros al año) a formar a la población activa y a subvencionar el empleo. De esa cantidad, apenas 1.000 millones van a parar a la formación para parados. El Gobierno presentará sus medidas a finales de enero, aunque no cabe esperar una mejora de los recursos, pues para 2011 esas políticas caen un 5,5%. A falta de más dinero, la idea fuerza consiste en reorientar la dotación hacia los parados.
Los destinatarios de la formación para el empleo suelen tener edad media y un aceptable nivel educativo. Quedan relegados los colectivos más necesitados de formación: los menores de 25, los mayores de 50 y los que no completaron sus estudios.
A la falta de beneficiarios se suma la dudosa adecuación entre la formación impartida y las necesidades del mercado laboral. Una jugosa parte de los recursos se dedican a cursos relacionados con la construcción en un país que aún digiere los excesos de los últimos años. Y otra buena parte, a desarrollar herramientas rudimentarias de informática, además de conocimientos de gestión y administración.
