UGT puede dejar la Formación Continua

UGT está dispuesta a dejar de impartir cursos de formación para despejar toda «sombra» de duda sobre su financiación, sin renunciar a su papel en el diseño, planificación y gestión de los mismos, asociado a la negociación colectiva, todo ello en el marco de un nuevo modelo de formación adaptado a la nueva realidad del empleo. Así lo ha indicado la secretaria de Formación de UGT y presidenta del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Teresa Muñoz, en un encuentro con medios en el que no ha ocultado el «daño tremendo» que ciertas informaciones han hecho en los últimos meses al sindicato al afirmar que se financia de forma irregular haciendo uso de fondos para formación. Muñoz ha explicado que Gobierno, patronal y sindicatos se han reunido en un par de ocasiones desde el pasado verano, la última a finales de Gobierno, para, entre otras cosas, tratar de cerrar los V Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo. Actualmente están funcionando los acuerdos renovados en 2006, que fueron prorrogados en 2010. En este contexto, el sindicato, de la mano de CCOO, se estaría planteando «dar la vuelta como a un calcetín» al modelo de formación, para dar respuesta a un realidad laboral que ha cambiado drásticamente con seis millones de parados, y de paso plantear su salida de la impartición de cursos. Muñoz ha insistido sobre todo en que para el sindicato «la formación no es un fin en sí mismo», sino parte de su razón de ser y también una vía de afiliación, por lo que, puede prescindir de su impartición, preservando, eso sí, otras tareas. Por esta impartición, los sindicatos captan un 10 por ciento en concepto de gastos asociados a formación en el caso de que se subcontraten a terceros o un 15 por ciento si se imparten directamente, algo que, según Muñoz, pasaría a un segundo plano y quedaría al margen de la polémica de salir los sindicatos de este ámbito de actuación. «No vamos a renunciar a lo intrínseco del sindicato, a la planificación y diseño del modelo de formación. Pero la impartición la deben hacer los centros homologados que correspondan para evitar polémicas», ha añadido. En cuanto a esos centros homologados, ha señalado que pueden ser públicos o privados, pertenecientes a empresas o a sindicatos, pero ha mostrado su preferencia por los centros públicos de formación profesional, ya que, a su juicio, «hoy por hoy lo que ofrece garantías es lo público» y en estos centros ya hay profesores formados y aulas disponibles.