jueves, febrero 29, 2024

formacion_profesionalDe esta forma, se ofrecerán las mimas prestaciones, con independencia de la comunidad autonóma donde se resida. Esta norma incluye un catálogo de 31 ofertas de formación a los desempleados, que se podrán ejecutar en cualquier parte del territorio nacional, aseguraron estas mismas fuentes.

Además, incluirá el plan de «formación y renta» para los parados, que sustituirá a los 426 euros de ayuda que actualmente reciben los que han dejado de percibir cualquier tipo de prestación. El decreto recoge también un plan de choque para facilitar la contratación a tiempo parcial.

Los grupos parlamentarios nacionalistas no ven con muy buenos ojos que el Gobierno recupere de «facto las competencias de políticas activas de empleo» transferidas hace ya años a las autonomías con un diseño individualizado y adaptado a cada parado de las mismas. «Se trata de un traje a medida que impide de hecho un desarrollo autonómico de esta competencia», lamentan a este diario fuentes de los nacionalistas vascos. Precisamente, el País Vasco ha sido la última comunidad en conseguir que el Estado le ceda esta materia.

Mientras, CiU interpelará hoy en el Congreso de los Diputados al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para exigirle que concrete las «bases de la reformas de las políticas activas de empleo». Los nacionalistas catalanes le demandarán, además, que aclare cómo quedará al papel de las comunidades autónomas en una cuestión, que supone uno de los pilares del acuerdo cerrado entre el Gobierno y los agentes sociales la pasada semana.

En este sentido, exigirán al titular de Trabajo que se de «mayor libertad de actuación y más capacidad de gestión» a las regiones en este campo. En ese sentido, CiU le advertirá de que su formación   política rechazará cualquier propuesta «centralista e intervencionista» de las políticas activas de empleo. Mientras, en La Moncloa  se defiende el decreto y se confía en que esta reforma tenga efectos en el corto y medio plazo en el mercado laboral y sirva de estímulo a la creación de empleo.

Las organizaciones sindicales y la patronal CEOE alcanzarán un acuerdo en la reforma de negociación colectiva antes del próximo 18 de marzo, fecha límite impuesta por el Gobierno para que cierren la concertación en esta materia.

De esta manera, al final, el presidente del Ejecutivo no se verá obligado a legislar. En estos momentos, las partes han trazado las líneas rojas que no están dispuestas a traspasar, entre las que figura la desaparición de la ultractividad de los convenios colectivos.

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