fraude formacion profesional

El objetivo de este multitudinario interrogatorio, más de 3000 perosnas, es conocer el nivel de fraude que existió en estos cursos. Las preguntas a las que han de contestar versan sobre si asisitieron o no a los cursos y si recibieron el material didáctico y la formación adecuada. Según fuentes policiales en estos cursos existía en su mayoría un compromiso de contratación que nunca o casi nunca se cumplía.

Primero se interrogarán a los alumnos y después a profesores, para finalizar con los responsables de las empresas de formación, los funcionarios y los responsables de la Delegación Provincial de Empleo. Se investigan expedientes de cursos de formación impartidos entre los años 2009 y 2012. Los cursos anteriores a 2009, ya están prescritos.

En total, se han llamado a declarar a 600 alumnos en cada una de las provincias de Córdoba, Jaén, Almería y Granada. También está previsto que comparezcan otros 300 en cada una de las de Cádiz, Huelva y Málaga.

Parece ser que el Gobierno de la Junta de Andalucía, ha dado un cambio en su actitud y está colaborando con la policía y la guardia civil, como prueba esta  la sorprendente publicación, por parte de la Junta, de una lista completa de las empresas que han recibido fondos para cursos de formación y que han sido exoneradas de justificar los gastos. El Gobierno andaluz también está reclamando el dinero percibido allá donde ha detectado irregularidades, como en la concesión de fondos, por ejemplo, al sindicato UGT.

El propio Carlos Cañavate, director general de Formación Profesional, desde octubre del año pasado, ha declarado que se encontró una situación «desastrosa». La opinión de la Guardia Civil como de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, trás esta declaración de Cañavate, sostienen que hubo un fraude generalizado debido a la ingente cantidad de dinero que llegó y que no fue justificado.

Según la tesis de los investigadores y de la propia Junta de Andalucía, significa que hubo empresas que aprovecharon este “descontrol” y otras que hicieron los deberes. El trabajo está en separar las empresas de formación que cumplieron con la Ley y aquellas que no emplearon el dinero de las subvenciones  a su destino, que no era otro que la de formar a desempleados, con unas garantías optimas.