domingo, febrero 25, 2024

formacion continuaEl V Plan Inter administrativo de Formación Continua, dirigido a empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, ofertará 350 plazas en nueve cursos en los que se impartirán un total de 147 horas lectivas.

El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla; la presidenta de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Blanca Rosa Gómez Morante, y el secretario general de la Delegación de Gobierno, Miguel Mateo, presentaron hoy el programa formativo.

El plan, publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se estructura, según Mediavilla, en «cuatro áreas esenciales del conocimiento»: atención al ciudadano, formación ambiental, dirección y gerencia, y coordinación administrativa.

Para Mediavilla, el objetivo de esta iniciativa es «aunar esfuerzos» entre las tres administraciones para «conseguir una adecuada formación y especialización del conjunto de empleados públicos que prestan servicio en las distintas administraciones existentes en Cantabria».

Con un presupuesto global de 28.457 euros, se celebrarán cursos sobre atención a la infancia, la cláusulas sociales en la Administración Pública, el lenguaje como herramienta de convivencia social, eficacia energética, el liderazgo en las administraciones públicas, toma de vuestras de vertidos líquidos, gestión del territorio, cuadro de mando y la reducción de cargas administrativas.

Éste último curso es, según el consejero, un ejemplo de una «cuestión esencial en la que están trabajando las tres administraciones». Así, recordó que hoy se aprueba en el Parlamento de Cantabria el ‘Plan autonómico de reducción de cargas administrativas’, que persigue reducir al menos en un 30 por ciento la burocracia que soportan los ciudadanos y las empresas en su relación con el ente autonómico.

«UN LIDERAZGO MUY IMPORTANTE»

La presidenta de la FMC se refirió también al Plan, que supone una «apuesta muy decidida y firme» del Ejecutivo autonómico que está dando a Cantabria «un liderazgo muy importante» respecto al resto de comunidades autónomas.

Para Gómez Morante, el «esfuerzo» realizado para el desarrollo de este tipo de iniciativas de formación se «compensa con el aumento de las oportunidades de cualificación profesional» para los empleados y «viene a avalar» el hecho de que los recursos humanos con los que cuentan las administraciones públicas «son el valor más importante» y «constituyen una prioridad» en todas las decisiones adoptadas.

Por último, Mateo calificó la formación continua de los empleados públicos como una «necesidad imprescindible» para conseguir «los objetivos permanentes de eficacia y modernización». Para el secretario general de la Delegación de Gobierno, la formación ha de constituir «un deber y un derecho» de los trabajadores públicos, ya que está vinculada al desarrollo de su carrera profesional.

«La necesidad de formación es hoy si cabe más imperiosa, dada la rápida evolución de los conocimientos y de las tecnologías y, con ello, de los requerimientos de la administración a sus empleados», señaló.

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