El Inem ha detectado una bolsa de supuesto fraude en el uso de los fondos de formación continua, que algunas empresas utilizaban para financiarse la contratación de los servicios de protección de datos de algunas consultoras dedicadas a esta actividad. Los primeros resultados de una investigación abierta por el Servicio Público de Empleo, el antiguo Inem, ponen de manifiesto que en una de cada cuatro empresas investigadas se había producido alguna irregularidad.
Hasta el momento, los inspectores han analizado un total de 715 sedes empresariales que habrían utilizado los recursos que ofrece la Fundación Tripartita para la Formación Continua (la antigua Forcem), pero el volumen de empresas afectadas por la investigación podría ser mucho mayor. Según los datos a los que ha tenido acceso Público, alguna de las consultoras denunciadas ante la Administración por hacer publicidad de sus servicios a coste cero ha implantado la pro-tección de datos a 3.700 empresas, cada una con dimensiones de plantillas diferentes.
Una de cada cuatro sociedades fiscalizadas tiene alguna incidencia
La investigación se abrió en abril, fruto de las denuncias de las patronales de empresas del sector de la protección de datos. Sus asociados habían detectado que, desde 2007, un número creciente de competidores estaban vendiendo sus servicios a coste cero, y muchas veces con servicios a través de colegios profesionales. Esa oferta era posible porque la consultora incluía en sus servicios un curso financiado por la Fundación Tripartita. De esa forma, la subvención para el reciclaje de los trabajadores era la que pagaba los servicios de protección, ajustándose sus facturas a esta.
Las empresas con uno y hasta cinco trabajadores se pueden beneficiar así de 420 euros por curso, mientras que una empresa de ocho empleados podría llegar a recibir en 2009 subvenciones por formación de sus empleados por un valor de 3.800 euros. De momento, fuentes oficiosas consultadas evitaron ofrecer datos sobre el volumen de fondos defraudado, pero aseguraron que todo el proceso «huele fatal».
El director general de la Tripartita, Carlos Gómez, señaló a este diario que «seguimos atentamente este tipo de procesos y estamos facilitando toda la información al Servicio Público de Empleo», si bien aseguró que los expedientes abiertos a las empresas permitirán subsanar las irregularidades.
Después de recibir distintas denuncias, se ha inspeccionado a 715 empresas
Derivada en Hacienda
La investigación se centra sobre todo en las empresas que contrataron los servicios, ya que son las que se beneficiaron de créditos en las cuotas de formación profesional y por tanto habrían defraudado los fondos de formación. Además de las sanciones que puedan aflorar de la investigación de Empleo, la Fundación Tripartita ha puesto el caso en manos de la Agencia Tributaria, ya que las empresas podrían haber incurrido también en fraude fiscal. Según explicaron fuentes conocedoras de la investigación, las empresas estarían exentas de pagar el IVA por los cursos de formación, que no están gravados, pero no de los servicios de consultoría para la implementación de datos, a los que se debe aplicar el impuesto.
El Inem también ha empezado a investigar a las 21 empresas denunciadas por la patronal del sector tras ofrecer de forma gratuita los servicios de protección, que incluso publicitaban en revistas. A la mitad de ellas se les ha descubierto alguna incidencia, pero los inspecciones siguen abiertas.
Refundación para olvidar el pasado
Los fondos de formación continua y el ente que los gestiona viven una segunda etapa desde 2004. Aquel año, el Gobierno, motivado por los casos de fraude y las amenazas de la Unión Europea y por las sentencias del Tribunal Constitucional que obligaban a la participación de las comunidades autónomas en el reparto de los recursos, la refundó para crear la actual Fundación Tripartita. Pese a que entonces el Ejecutivo del PP intentó vetar la presencia de sindicatos y patronales, estas organizaciones siguen participando en la decisión de sus líneas maestras, que deciden el reparto de más de 1.500 millones de euros. Las cotas de irregularidades detectadas entre 1994 y 2000 provocaron que la Comisión Europea obligara a España a devolver 105 millones de euros recibidos del Fondo Social Europeo. El escaso control de los recursos estuvo a punto de paralizar la llegada de estos fondos estructurales a causa de las diferentes investigaciones abiertas.
