La formación continua para trabajadores y parados lleva en manos de los sindicatos y la patronal desde 1992, cuando firmaron con el Gobierno el Acuerdo Tripartito. Ellos gestionan los fondos e imparten los cursos. Por eso, llama la atención que un grupo de expertos independientes, pero con algunos miembros ligados a la órbita de ambas partes, recomiende ahora que este área se abra a las empresas privadas especializadas en la materia.
El asesor del Consejo Económico y Social (CES) y ex secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, que ha coordinado el estudio, critica la falta de efectividad de las políticas de formación en España. Ésta cuenta con unos 2.100 millones de euros anuales, financiados con una cotización empresarial del 0,17%, un tercio de lo que se le dedica en Francia, por ejemplo. Para mejorarla, Gómez defiende la necesidad de una mayor inversión pública -pagada con impuestos- por parte de Estado y comunidades autónomas y de abrir la puerta a un sistema de copago en el que participe tanto la empresa como el trabajador. En el modelo propuesto, tanto unos como otros obtendrían, además, desgravaciones fiscales por los cursos que realicen.
«El esfuerzo realizado por el Estado en los estímulos fiscales para encarar la crisis podría dirigirse ahora hacia políticas de formación, ya que existen muchos desempleados que no encontrarán su empleo antiguo», argumentó Gómez. Éste recomendó que, en este caso, los fondos deben redirigirse de forma «selectiva» a los colectivos con mayores problemas para acceder al mercado, como son los parados de la construcción o los mayores de 45 años.
En cuanto al papel de las empresas privadas, Gómez valoró muy positivamente el papel jugado por los agentes sociales hasta el momento, pero considera que existen ya «infraestructuras suficientes» para instaurar una formación impartida por compañías especializadas, bajo la gestión de sindicatos y patronal, que deberían articular las necesidades concretas de cada sector y empresa mediante la negociación colectiva.
Otro de los autores del informe, Jaime López Cossío, asesor de la confederación española de empresas de formación (Cecap), destacó la grave ausencia del factor formación en la actual negociación de la reforma del mercado de trabajo. Más teniendo en cuenta que este año prescriben los últimos acuerdos de educación profesional firmados por la patronal y los sindicatos. «Es el momento de reformar estas políticas dado su carácter estratégico de cara al futuro», señaló.
