Formación Bonificada

El día 10 se ha aprobado en el Senado una enmienda por la que se acuerda que las empresas de 1 a 5 trabajadores sigan percibiendo el mínimo de 420 euros. Parece ser que el Grupo Popular al final a se ha hechado atrás en su intención de eliminar esté mínimo de 420 euros para las pequeñas empresas.

La Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo reconoce la existencia de casos concretos de fraude en los cursos para los trabajadores que gestiona.

En un comunicado, explica y defiende su papel en los programas de formación y señala que cuando se detectan o denuncian malas prácticas, éstas “son objeto de análisis sistemático y corrección si procede mediante reintegros, anulaciones y sanciones”.

Con este comunicado, sale al paso de informaciones publicadas que relacionan su actividad con supuestos casos de financiación ilegal de organizaciones sindicales.

Desde la Fundación destacan que con un presupuesto más bajo que el año anterior, el número de trabajadores que se han formado en 2012 ha crecido y ha disminuido la ratio del coste hora por alumno. Casi 460.000 empresas han dado formación a sus trabajadores y cerca de 3,5 millones de participantes se han formado a través de las iniciativas que gestiona la Fundación Tripartita.

Este 2013, la suma total de las cantidades destinadas a las iniciativas de formación que gestiona la Fundación Tripartita ha sido de 756 millones de euros.

Dice la FTFE que todas las iniciativas de formación son objeto de planes anuales de seguimiento y control específicos cuyo objeto es “verificar” el adecuado uso de los fondos en toda España y fruto de los controles realizados y las liquidaciones tramitadas se reintegraron más de 28 millones de euros en 2012.

Todo esto nos parece muy bien, pero todos sabemos que la FTFE está en manos de los sindicatos y la CEOE y que entre ellos se reparten el pastel. Si tantas inspecciones hay, como se explica que centros de formación, consultoras etc… regalen tablet, pc y hasta colchones a los empresarios, con tal de que permitan a sus trabajadores realizar un curso?? y de esos trabajadores… cuantos realizan el curso?? Ninguno

El coste bonificable de los PIFs equivale al coste salarial (base de cotización + seguros sociales) de las horas que el trabajador se ha ausentado a su puesto de trabajo durante el permiso concedido. Este coste se puede bonificar en cada empresa con cargo a dos posibles partidas presupuestarias:

– A su crédito formativo.

– Al crédito adicional del 5% sobre todo el fondo destinado a Formación de Demanda y que queda recogido en el artículo 13.3. del RD 395/2007, de 23 de marzo.

Este crédito adicional global se va disponiendo por cada empresa que va notificando un PIF mediante una partida de crédito horario que depende de la pantilla media. Así, una empresa que tiene hasta 9 trabajadores posee un máximo de 200h, una de hasta 49 trabajadores 400 h, 600 h si tiene entre 50 y 249 trabajadores …

Esto solo afecta a aquellas empresas que no dispongan de crédito suficiente para hacer acciones formativas y, al mismo tiempo, PIFs; ya que las grandes empresas que no tengan comprometido el total de su crédito para la ejección de planes formativos de interés de la organización, y no del individuo, si que pueden seguir notificando PIFs con cargo a la primera partida presupuestaria, la que depende de su cuota de formación profesional aportada.

No obstante, los PIFs notificados hasta la fecha se pueden bonificar mensualmente sin ningún tipo de problemas; siempre y cuando realicemos la notificación de finalización cuando termine el periodo formativo.

Noticia extraida de lavozdebarcelona.com

Durante años, los centros de formación de cursos privados establecieron convenios con la Consejería por los que esta les reconocía como colaboradores para la oferta de cursos a parados y personas con trabajo. Los centros, para poder acceder a las subvenciones públicas, debían inscribirse en un censo que estaba en manos de la autonómica Dirección General de Trabajo.

Las subvenciones se solicitaban a través de las delegaciones territoriales de la Consejería de Trabajo, si bien las entidades colaboradoras con programas formativos de ámbito pluriprovincial podían presentar sus solicitudes directamente en la Dirección General de Trabajo. Esto último solo era obligatorio en los años 1998 y 1999.

Las solicitudes de ayudas -partidas que eran mixtas, una parte del dinero lo ponía directamente la Generalidad y otra, la Unión Europea; pero todo lo gestionaba la Administración autonómica- eran examinadas en las delegaciones territoriales, donde se elaboraba una propuesta o informe valorativo de acuerdo con los criterios legalmente establecidos. A estos informes se les unían los informes de los inspectores de la Consejería, llamados promotores en los primeros años.

Estos inspectores -unos 40 en toda Cataluña- eran los encargados de verificar in situ que los centros de formación reunían las condiciones y requisitos legales para impartir los cursos y, así, poder beneficiarse de las subvenciones que habían solicitado. También examinaban la calidad y la correcta ejecución de los cursos de formación.

¿Cómo se pedían las subvenciones?

Con estos informes completos de las delegaciones territoriales, en la Dirección General de Trabajo se tramitaba la primera fase para la concesión de la ayuda pública. Hubo dos formas de obtener las ayudas, una que se llevó a cabo entre los años 1994 y 1996 y otra, entre los años 1997 y 1999.

En el periodo 1994-1996, el autonómico Servicio de Seguimiento Técnico-Administrativo llevaba a cabo las labores de control y revisión de las acciones formativas desarrolladas por cada centro de formación, y se gestionaba la solicitud de subvenciones que se presentaba para el siguiente curso.

Tras esto, el jefe del Servicio de Administración y Promoción de Programas, el ya fallecido Joan Martín Toribio, emitía un informe dando el visto bueno a la concesión de la subvención. Todo el expediente era remitido al director general, Lluís Gavaldà -uno de los ahora condenados en el caso Pallerols-, que redactaba y firmaba la propuesta de resolución de concesión de la subvención. Finalmente, la propuesta se llevaba hasta la mesa del consejero de Trabajo para que la firmara.

Durante el periodo 1997-1999, el visto bueno era firmado directamente por la Subdirección General, sin necesidad de llegar a Gavaldà. En cualquiera de los dos casos, si se detectaban irregularidades, incumplimientos o infracciones durante los cursos de formación subvencionados, la revocación de la subvención ya concedida era propuesta por Gavaldà y firmada, necesariamente, por el propio Ferreres.

¿Cuándo se pagaban las subvenciones?

La Consejería de Trabajo entregaba el 50% de la subvención otorgada en el momento de la aprobación del proyecto para cada curso. Y el 50% restante cuando el curso finalizaba y se acreditaba documentalmente su realización y costes. Pero este 50-50 se dio solo durante los años 1994 y 1995, ya que a partir de 1996 la proporción varió: un 75% de la subvención, antes del curso; y el 25% restante, al finalizar el curso.

Para todo el periodo, la consolidación de los dos pagos necesitaba el informe favorable del director general de la Consejería. Como suele ocurrir en estos casos, el importe de la subvención dependía del número de horas del curso, su grado de complejidad y su coste para el centro o academia educativa. Unas cuantías o tarifas que fijaba la propia autonómica Dirección General.

En todo el proceso, Lluís Gavaldà ejercía de figura decisiva y determinante, tal y como ha señalado la sentencia del caso Pallerols -un pacto aceptado tanto por el propio afectado como por Unió-, condenado en este caso con la pena más alta de los cuatro imputados: un año y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inahbilitación absoluta durante tres años. Este es hermano del que fuera, durante esos años, secretario de Organización de UDC, Vicenç Gavaldà, también condenado en este último caso y motivo por el que este partido ha pagado.

¿Podría haber más casos?

Al caso Pallerols, cuyo modus operandi señalado utilizaban los tres centros de formación del empresario andorrano Fidel Pallerols, habría que sumar un sistema similar para las empresas relacionadas en el conocido como caso Trabajo por el que se desviaba dinero público de la Consejería de Trabajo mediante informes y estudios inútiles o inexistentes relacionados con proyectos laborales. Los dos condenados por este caso -ambos de Unió- han sido indultados recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Sin embargo, según una denuncia presentada el pasado 23 de enero ante la Fiscalía Superior de Cataluña estos dos casos podrían no ser los únicos. Informes de los inspectores de la Consejería, a los que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA, ponen de manifiesto que al menos otra empresa vinculada a Unió Democràtica de Catalunya podría haber desviado dinero de las subvenciones recibidas por la Generalidad durante el tiempo que Farreres fue consejero.

La empresa Educem Business, S.L. de Granollers (Barcelona), cuya propietaria era en 1996 Anna Maria Duran i Casanovas -hija de uno de los fundadores del centro-, entonces militante de Unió según varias fuentes consultadas, y, pese al apellido, sin relación familiar con Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, habría recibido supuestamente más cuantía en las subvenciones para cursos de formación de lo que justificó para ello.

Irregularidades o ‘incidencias destacadas’

Los hechos se remontan a 1996. El supuesto desvío de dinero afectaría a seis cursos y la cantidad supuestamente malversada sería de 45.476,2 euros (7.566.600 pesetas). El modus operandi utilizado sería el de impartir menos horas de las aprobadas en unos cursos que fueron sufragados con subvenciones pero con una novedad y es que la empresa, en el proceso del expediente administrativo, reconoce que efectuó menos horas de las que había programado inicialmente. Pero no devolvió la parte de la subvención correspondiente a esas horas no efectuadas.

La empresa recibe en 1996 el otorgamiento de la parte final (25%) de tres subvenciones (25 de abril, 28 de mayo y 16 de julio) para varios cursos por valor de 68.018.800 pesetas (408.801,22 euros). Entre estos cursos subvencionados están seis: de ofimática (dos), para jóvenes empresarios, de técnico en comercio exterior, de secretariado informático y de Word (Microsoft), cuya cuantía total subvencionada es de 32.600.000 pesetas (195.929,95 euros).

A finales de ese año e inicios de 1997, el inspector correspondiente de la Consejería de Trabajo detecta irregularidades o ‘incidencias destacadas’ durante el seguimiento técnico-administrativo. En concreto, los cursos no tienen los alumnos mínimos y las horas realizadas no se corresponden con las horas otorgadas de acuerdo con la documentación presentada, y ratificada por los propios alumnos. Se abren tres expedientes, uno por cada subvención.

Sin constancia de ‘las horas otorgadas’

Estos expedientes son estudiados por la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas de la autonómica Subdirección General de Trabajo, que emite el informe correspondiente el 9 de junio de 1997. Esta valoración concluye que las subvenciones deben ser revocadas parcialmente, ‘en función de las horas no impartidas en los cursos referidos’.

Más de nueve meses después, el 31 de marzo de 1998, el consejero Ferreres firma la resolución por la que se revocan las subvenciones  de los tres expedientes (96-C-0297, 96-C-0133 y 96-C-0810), dando así por bueno el informe de la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas.

Sin embargo, casi ocho meses después de esta revocación, el 21 de noviembre de 1998, una nueva resolución, también firmada por el consejero de Trabajo, deja sin efecto la decisión de revocación de las subvenciones a Educem Business, S.L. porque ‘existe una coherencia absoluta entre el gasto justificado y pagado en la referida entidad en relación a las subvenciones otorgadas’. Esta firma se lleva a cabo sin el informe técnico preceptivo y sin un solo cambio en los expedientes.

Pese a esta nueva resolución, el 1 de junio de 1999, Mercè Poch i Viñes, coordinadora del área de comarcas de la Delegación Territorial de Barcelona -actualmente jefa de la Sección de Fomento del Trabajo en el Servicio Territorial del Bajo Llobregat de la Dirección de la Red Ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)-, remite a Eulàlia Berna i Aguilar, jefa del Servicio de Ocupación de Cataluña, un informe señalando que pese a lo firmado por el consejero, en la Delegación que ella dirige ‘no queda constancia que, pese a que haya coherencia entre el gasto justificado y pagado en relación a las subvenciones otorgadas, se hayan realizado las horas otorgadas’, y por lo tanto no existen ‘elementos suficientes para firmar el segundo 25% de [las subvenciones de] los cursos señalados’.

Transferencia del 25% restante

Esta advertencia que recibe Berna i Aguilar es trasladada, solo seis días después, a Dolors Llorens i Ardiaca, subdirectora general de Trabajo, imputada inicialmente en el caso Pallerols y librada de cualquier pena al serle retirados los cargos en el marco del acuerdo alcanzado con la fiscalía para evitar el juicio.

En esa fecha, 7 de junio de 1999 se pierde la pista documental. Pese a la resolución del consejero no existe un informe favorable al pago de la parte final de las subvenciones a la entidad de formación. Hasta el 27 de abril de 2000, fecha en la que la empresa Educem Business, S.L. recibe la transferencia del 25% restante de las subvenciones de los seis cursos que los informes técnicos de los inspectores de la Consejería de Trabajo señalan con ‘incidencias’. El visto bueno de la Generalidad a esas transferencias se da el 16 de marzo de 2000.

Educem Business recibió 374,8 millones de pesetas (más de 2,25 millones de euros) entre 1993 y 1997 solo de la Consejería de Trabajo. Un año después de detectarse las irregularidades, según los informes de los inspectores, la empresa recibió 128,3 millones de pesetas, fue el año que más subvenciones de la Consejería de Trabajo recibió.

¿Por qué se tramitaron finalmente estas subvenciones? Tanto para el caso Pallerols, donde los jueces han señalado que las resoluciones del consejero eran fruto de una mera ‘revisión formal’ de los expedientes y venían directamente condicionadas y determinadas por los informes previos y propuestas del director general, como para el caso Trabajo, donde Ferreres fue absuelto, la justicia parece no darle valor a la firma del máximo responsable de la Consejería.