La Asociación Nacional de Profesores Estatales de Madrid (ANPE-Madrid) se congratuló hoy del anuncio de la Ley de Autoridad del Profesor adelantada ayer por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya que considera que es una culminación de una etapa «que permitirá aumentar la calidad educativa y el pleno ejercicio del derecho a la educación».
El presidente de la asociación, Fernando Jiménez, calificó como «positiva» esta normativa «disuasoria» que reconoce al docente el rango de autoridad pública, ya que recoge «no sólo las aspiraciones de los profesionales de la educación sino la demanda social ante un clima de menosprecio por los derechos que la Constitución tutela, de provocación, de inusitada violencia, enmarcado en la impunidad de los agresores».
Según explicó, este reconocimiento garantiza la efectiva realización del Derecho Fundamental a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, que puede verse perturbado en el caso de sufrir una agresión. «La consideración de delito frente a la falta no sólo afecta al agravamiento de la pena sino que refuerza el carácter disuasorio de estas conductas agresivas que deterioran la convivencia en los centros docentes», apuntó Jiménez.
«La novedad es que va a ser un instrumento positivo, que va a proteger y dar más cobertura personal y de defensa al profesor, que se va a ver más arropado. Apostamos por el respeto mutuo y va a incidir en la mejora de la convivencia para que derive a una mejora de la calidad de la enseñanza», agregó.
No obstante, el presidente de ANPE-Madrid indicó que continuarán en las reivindicaciones para que se revise el modelo de la enseñanza. «La Ley no es una panacea, sino que hay que ir a una renovación del modelo educativo», apostilló.
Asimismo, pidió al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que extienda esta Ley al resto de España o que incorpore al Estatuto del Docente, «que lleva tres décadas dando vueltas» y que se suscriba un Pacto de Estado sobre la mejora de la Educación en España que suponga «variar el rumbo» en el país en esta materia. «Me congratula que UGT y CC.OO. aplaudan ahora estas medidas», agregó Jiménez.
CASI 2.400 DENUNCIAS EN LA MITAD DEL CURSO PASADO
ANPE-Madrid cree que la ley anunciada por Aguirre es «beneficiosa» para la sociedad, la educación y el profesorado, y asegura que continuará trabajando en pro de un modelo educativo que garantice «una verdadera igualdad de oportunidades, mediante el conocimiento, la disciplina y el esfuerzo, en un ambiente normalizado».
La defensora del Profesor de la asociación, Inmaculada Suárez, se mostró muy «contenta» por el anuncio de la Ley y precisó que no se tratará de que los maestros apliquen el autoritarismo, sino que se le proteja ante las vejaciones, agresiones, amenazas y denuncias falsas proferidas por alumnos o sus padres. «Somos conscientes que de la noche a la mañana no va suponer un cambio inmediato. Pero es un paso para devolver el prestigio al profesorado», dijo.
Suárez afirmó que en el curso de 2007-08 registraron 2.175 denuncias ante la asociación y en la mitad del pasado curso (de septiembre de 2008 a febrero de este año) anotaron ya 2.400. Así, el 10 por ciento de los profesores denunciaron una agresión de alumnos en la primera mitad del curso pasado y el 2 por ciento provenientes de padres y familias. La etapa con mayor conflictividad es la Educación Secundaria.
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